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POLÍTICA DE PRINCIPIOS/ Constitución aspiracional

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS

Yo quiero que la ley me diga cómo queremos ser hoy y que se cumpla rigurosamente.

Frente a los acontecimientos del siglo que nos amenazan, nunca las muletas jurídicas bastaron para mantener a la gente de pie.

Alexander Solzhenitsyn

Se cuenta que un candidato a gobernador reunió a los líderes de las 12 etnias de Chiapas para hablarles de nuestra Constitución: “El faro que ilumina el horizonte de la patria”, “La síntesis de nuestras hazañas históricas”… Al percibir los rostros perplejos del auditorio, contrató maestros y abogados que les explicaran el contenido de nuestra Carta Magna.

Después de varios meses regresó muy orondo y les preguntó su opinión. El líder tojolabal tomó la palabra y expresó su agrado por el documento y se refirió a los distintos temas para después concluir: “Pero no encontramos a qué país se refiere”.

Al instalarse la mal llamada Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se perdió una buena oportunidad para un debate necesario: para qué sirve el derecho, tema recurrente en nuestra historia desde el surgimiento de la república. Perdón por lo extenso del párrafo, pero José Manuel Villalpando da un dato importante:

Hidalgo pedía “leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo”. Morelos, por su parte, depositaba su confianza en las buenas leyes: “¡Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto!”. Por eso, en la Constitución de Apatzingán quedó establecido que “La ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común”.

Dos posiciones extremas: Hidalgo sustenta el derecho consuetudinario y Morelos el derecho deliberado.

Porfirio Muñoz Ledo afirma que todas las constituciones son aspiracionales, lo cual no es cierto. El triunfo del capitalismo y la democracia en Estados Unidos se debe en mucho a su sistema jurídico; su Acta de Independencia (1776) sí es un documento aspiracional, pero no así la Constitución (1787), a la que se le han hecho 27 enmiendas muy concretas y de observancia rigurosa. En 1789 la Asamblea Francesa proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre.

Estos dos documentos son de índole diferente. El primero, elaborado por peritos del derecho orientados por el sentido común y el segundo por filósofos. Hay naciones, inclusive, que carecen de Constitución, como el Reino Unido, Nueva Zelanda e Israel. En este último país prescindieron de ella con el argumento de tener ya muchos documentos sagrados, no necesitaban uno más.

La Constitución de la CDMX no era necesaria, puesto que los derechos humanos ya están consignados en los tratados internacionales y en el artículo primero de la Constitución General de la República; su forma de gobierno está diseñada en el 122.

Cuando no se tiene claro para qué se quiere una ley, se cometen equivocaciones de severas consecuencias. El documento de marras obedece a una visión de Miguel Ángel Mancera, una plataforma para su candidatura a la Presidencia de la República y a una despedida de Muñoz Ledo. Nos dejarán un documento que vislumbra la ciudad del futuro. Pero para conocer el futuro, se consulta a una pitonisa o a un quiromántico. Yo quiero que la ley me diga cómo queremos ser hoy y que se cumpla rigurosamente.

Es preciso distinguir entre planes, principios, exposición de motivos, plataformas electorales y las normas jurídicas. Si eso no lo tenemos claro, el fenómeno jurídico se torna indefinido e infinito. Éste es el caso: 46 mil palabras de un documento que, como bien sugiere Héctor Aguilar Camín, no debería tener más de cinco mil. Si de aspiraciones se trata, sugeriría considerar El Quijote de Miguel de Cervantes.

Cuarto Poder de Tamaulipas/

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